IA CENSURA POLITICA AL GOBIERNO Y CANDIDATURAS ABIERTAS

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IZQUIERDA ABIERTA PROMOVERÁ UNA CENSURA POLÍTICA GLOBAL AL GOBIERNO E IMPULSARÁ CANDIDATURAS CIUDADANAS COMUNES DE LA IZQUIERDA

 

La Comisión Ejecutiva de Izquierda Abierta se reunió ayer tarde en Madrid para valorar la situación política, promover iniciativas sociales e institucionales de censura al PP y preparar su despliegue político y organizativo que se aprobará en la reunión de su Consejo Político del próximo viernes 1 de febrero.

 

(Madrid, 29 de enero de 2013).- La Comisión Ejecutiva de Izquierda Abierta se reunió ayer por la tarde en Madrid para analizar la situación social y política y poner en marcha una serie de iniciativas que hagan frente común al brutal ataque a los derechos ciudadanos que están desarrollando los gobiernos del PP en todos los ámbitos institucionales y territoriales del estado.

1/ Una censura política y social al Gobierno del PP

Izquierda Abierta considera que la censura  social de la ciudadanía a las políticas de la derecha necesita encontrar una adecuada respuesta lo más unitaria posible que transforme en censura política e institucional el malestar de la calle. La Ejecutiva de Izquierda Abierta considera que la situación social de fracaso global queda reflejada, desgraciadamente, en esos 6 millones de parados y paradas que siguen creciendo tras cada nueva medida que aprueba el gobierno en su afán por destruir un modelo de derechos sociales que tanto tiempo nos ha costado conquistar. La situación es insostenible en la calle y tenemos el deber y la obligación de ofrecer respuestas y alternativas. En un momento de descrédito de las instituciones y las fuerzas políticas, que aún no son capaces de ofrecer una respuesta común y contundente ante la debilidad de la oposición en el parlamento, creemos llegado el momento de impulsar y articular la estrategia que promueve Izquierda Abierta: la creación de un frente amplio común social, político, institucional y electoral.

Con este objetivo Gaspar Llamazares explicó que la Ejecutiva de Izquierda Abierta va a proponer a su Consejo Político del próximo viernes el inicio de conversaciones y contactos pertinentes para que esa censura global al gobierno se visualice también de forma común en el próximo debate del estado de la nación.  Una censura que además de plasmarse en el parlamento fuera acompañada y respaldada por movilizaciones sociales como fruto de ese rechazo global a las políticas del Partido Popular. Un PP que además está acosado y acorralado por sus propios escándalos de corrupción que atañen directamente a su dirección y a su máximo responsable el señor Rajoy

2/ La consolidación y el despliegue de Izquierda Abierta

La Ejecutiva de Izquierda Abierta también aprobó desarrollar su despliegue político y organizativo que en los próximos meses va a consolidar su presencia en el conjunto del Estado. En este sentido ha valorado muy positivamente el congreso constituyente celebrado en Andalucía el pasado fin de semana. Del mismo modo Izquierda Abierta, de cara a la próxima configuración de la dirección de IU, va a proponer un modelo de gobierno compartido que visualice y fortalezca la pluralidad política y organizativa. También va a presentar los planes y calendario de actuaciones concretas de las áreas de trabajo y sus responsables al Consejo del día 1.

3/ La regeneración y renovación de la izquierda

El objetivo de regeneración, renovación y construcción de la izquierda seguirá siendo un eje básico del despliegue de Izquierda Abierta. En concreto se van a priorizar las relaciones políticas con otras organizaciones de la izquierda para articular ese frente común de cara a configurar una alternativa creíble, novedosa, participativa a través de elecciones primarias abiertas a la ciudadanía, fuerte e ilusionante que, tanto en la calle como en las instituciones y en la Red, se sume al objetivo compartido y necesario de la derrota del PP.

4/ Candidaturas ciudadanas comunes a través de elecciones primarias abiertas

Ese camino debería concretarse en una propuesta de programas y candidaturas ciudadanas comunes de la izquierda para próximos procesos electorales, como pudiera ser en concreto las próximas elecciones europeas. Para la configuración de esas candidaturas comunes de la izquierda, Izquierda Abierta apuesta por procesos de elecciones primarias abiertas al electorado.

El Consejo Político de Izquierda Abierta se celebrará el próximo viernes 1 de febrero a partir de las 17 horas en el Hotel Siete Islas de Madrid (C/ Valverde 14 de Madrid-zona Gran Vía). Se remitirá previsión informativa a los medios que deseen declaraciones.

Área de Comunicación de Izquierda Abierta

José Mendi

María Peñuela

Teresa Aranguren

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¿No votar o votar no?

ARTICULO DE OPINIO DE PATXO UNZUETA. PUBLICADO EN EL PAIS (22 ENR. 2013)

El dilema sobre la autodeterminación planteado hace 35 años a Jordi Solé Tura, que rechazó abstenerse, es el que tiene ahora el PSC. La cuestión es si ese principio es compatible hoy con la autonomía y el pluralismo

El 16 de junio de 1978, al finalizar el debate en comisión sobre el Título VIII de la Constitución, referente a la organización territorial del Estado, el diputado Letamendía, de Euskadiko Ezkerra (luego lo sería de Herri Batasuna), pidió la palabra para defender una enmienda de adición sobre el derecho de autodeterminación. En virtud de ella, un territorio autónomo podría, transcurrido un plazo de dos años desde la aprobación de su Estatuto, optar en referéndum entre seguir formando parte del Estado o separarse de él y constituir un Estado independiente.

Lo más llamativo de aquella sesión fue que el representante de Convergència Democràtica, Miquel Roca, y los del PSC se ausentaron de la sala en el momento de votar, sin duda para no hacerlo contra la autodeterminación. El portavoz del PSUC, el partido de los comunistas catalanes, Jordi Solé Tura, incitado a hacer lo mismo, se negó a ello y tras la votación pidió la palabra para explicar por qué había votado y por qué contra la enmienda.

Lo había hecho porque “se trata”, dijo, de hacer una Constitución “que refleje las aspiraciones de la inmensa mayoría de la población española”, dejando de lado aquello que “o no es compartido por la mayoría o puede provocar divisiones o laceraciones tremendas”. Pero sobre todo, según explicaría años después en Nacionalidades y nacionalismos en España (Alianza Editorial. 1985), porque “lo que la izquierda no puede hacer es defender el Estado de las autonomías, propugnar su desarrollo y su plenitud en sentido federal y mantener al mismo tiempo un concepto, el derecho de autodeterminación, que cambia este modelo político y puede llegar a destruirlo”. Los nacionalistas pueden mantener la confusión, añadía, porque consideran que su única responsabilidad es el interés de su nacionalidad; pero la izquierda asume la de la construcción del Estado autonómico en su conjunto, por lo que “no puede permitirse la más mínima ambigüedad al respecto”.

Tras su intervención, en la que había aludido a la actitud poco comprometida de los otros representantes catalanes, Roca y el socialista Guerra Fontana dijeron que, de haber votado, no lo habrían hecho a favor, lo que dejó flotando la duda de si habrían votado no o se habrían abstenido.

El objetivo inmediato no es ganar el referéndum sino que se celebre, sentando un precedente

Contra la idea, no solo nacionalista, de que la autonomía es una fase provisional hasta que haya condiciones para un referéndum soberanista, Solé Tura supo ver ya entonces que defender la lógica autonomista (o federal) es incompatible con propugnar la autodeterminación. No son dos vías consecutivas, de forma que la culminación de la una conduzca a la otra, sino dos caminos paralelos; y la opción por la de la autonomía se justifica por su mayor capacidad de integración de la pluralidad identitaria propia de toda sociedad compleja.

Un expediente tan traumático como un referéndum de autodeterminación, que divide a la sociedad entre ganadores y perdedores absolutos y es difícilmente reversible, no es la única y tampoco la mejor respuesta a las tensiones nacionalistas en un marco de libertades. Al revés: es un paso atrás respecto al modelo autonómico o federal (descentralización política sin ruptura de la unidad), que tanto la teoría política como la experiencia han demostrado que es capaz de satisfacer a un mayor número de ciudadanos que cualquier salida extrema; y de recoger eventuales variaciones en la temperatura nacionalista sin llevar a situaciones irreversibles.

Entre 2010 y fines de 2012, el porcentaje de los que se consideran solo catalanes ha pasado del 21% al 29%, pero es todavía muy inferior al 66,2% que consideran compatibles, en diferentes proporciones, sus identidades catalana y española. Esa mayoría, base social esencial de la autonomía, explica que, si bien en las encuestas realizadas en las semanas que siguieron a la Diada se aprecia una fuerte crecida del voto independentista (del 23% de 2010 al 44,3% de 2012), los partidarios de un Estado federal o autonómico sumaban un porcentaje casi idéntico (44,6%). ¿Puede plantearse un referéndum por la independencia en esas condiciones, enfrentando a una mitad de la población contra la otra mitad? ¿Puede cuando, además, esa iniciativa se presenta como respuesta a la negativa del Gobierno a mejorar la financiación de Cataluña a costa de las de otras comunidades?

La iniciativa dejará heridas de difícil cicatrización social. Porque esa motivación económica se proyecta no tanto contra los gobernantes como contra la población de esas otras comunidades, a las que se responsabiliza de las dificultades propias. De ahí la incoherencia de partidos con responsabilidades en otras autonomías que, estando en contra de la independencia, se dicen sin embargo partidarios de la consulta de autodeterminación sin otro trámite que pasar a denominarla derecho a decidir.

En función de su adhesión a ese principio, el PSC se comprometió de entrada a no interferir en el itinerario que conduce al referéndum planteado por Mas. Pero si es evidente que ese itinerario provoca una fuerte división interna y ruptura de lazos afectivos e intereses compartidos con el resto de los españoles, lo responsable sería tratar de evitar que la cuestión se plantee en esos términos tan cortantes. Más aún si se defiende el federalismo como marco capaz de recoger el pluralismo identitario sin desgarros para nadie.

¿Comparten Mas, Duran o Herrera lo que dice ERC: si el Estado frena la consulta, se celebra igual?

Los socialistas catalanes han rectificado parcialmente presentando como alternativa una reforma constitucional en clave federalista; pero mantienen su defensa del referéndum, siempre que sea legal. Se comprende su temor a quedar aislados si no se colocan en la dirección de las olas, pero hay síntomas de que esa dirección ya está cambiando. Tras el debate público de estos meses, que ha dejado claro que la salida de España implica quedar fuera de la UE, y que ambas cosas tendrían efectos muy negativos para la economía catalana, así como que Europa no va a hacer nada por dar cobertura legal a la iniciativa, se afianza la convicción de que, al margen de las posiciones finales de los partidos, no existe una mayoría social clara por la separación.

Ante lo cual, desde el campo soberanista se está intentando recomponer la unanimidad que siguió a la Diada, pero no ya con relación a la independencia, sino al derecho a decidir. Como simplificó el líder de ERC, Oriol Junqueras, “no es que unos voten que sí y otros que no, sino que unos quieren que los catalanes voten y otros que no”. El objetivo no sería tanto ganar el referéndum como que este se celebrase, sentando un precedente a invocar cuando convenga. O, en el límite, si no llegase a celebrarse por los obstáculos legales, que se hubiera evidenciado una amplísima mayoría parlamentaria a favor del derecho a convocarlo, incluyendo partidos contrarios a la independencia, como el PSC, o divididos al respecto, como Iniciativa.

Si es lo que ocurre mañana, sería un gran éxito político del independentismo, con fuerte impacto en Europa. Y un lastre para los planteamientos federalistas del PSC. Condición para que una alternativa de ese signo sea capaz de suscitar un respaldo mayoritario en Cataluña y una aceptación suficiente en el resto de España es que se acote el marco de juego: el del autogobierno, con garantías, pero sin ruptura del marco común. Si Pere Navarro votase a favor del referéndum con la excusa del derecho a decidir, o se abstuviera, quedará sin margen para articular esa alternativa cuando se evidencie el fracaso de Mas; el que espera ERC para el sorpasso.

El presidente de la Generalitat ha debido darse cuenta de que el guionista del viaje a la independencia ya no es él sino su socio, Oriol Junqueras. No porque tenga más ideas, o mejores, sino porque no tiene dudas. “Cada vez que alguien pone pegas al proceso, nos hace perder el tiempo”, dijo hace poco, desbordante de certezas. Como las que deslizaba en la entrevista publicada en este periódico el 15 de enero: le parece innecesario negociar con el Estado español “porque no sirve para nada”, considera que cualquier norma que tratase de evitar el referéndum ilegal “sería antidemocrática”, y si el Estado o el Tribunal Constitucional frenan la consulta, “esta se celebrará igualmente: se colocan las urnas y se convoca a los ciudadanos”. Y el porcentaje para dar validez a la consulta será “la mitad más uno”.

¿Comparten ese guión Artur Mas, Duran Lleida, Joan Herrera y el resto de los que piensan votar mañana a favor de la declaración soberanista? ¿Cuántos votantes de sus partidos estarán en desacuerdo? Y ¿qué les diría hoy Jordi Solé Tura a sus antiguos camaradas comunistas y socialistas si no hubiera fallecido hace tres años?

LA PRIVATITZACIÓ NYAP D’AIGÜES TER-EL LLOBREGAT

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            Esquerra Oberta i Iniciativa Socialista D’Esquerres de Catalunya, volem manifestar el nostre rebuig més absolut a la privatització d’un ben tan necessari com és l’aigua i el més que previsible efecte negatiu a la societat catalana, doncs les privatitzacions no són la solució, la millora de la gestió i l’eliminació de despeses supèrflues, com a molts alts càrrecs en l’Administració i assessors inútils i per tant innecessaris.

L’única cosa que ha fet el recent reelegit President de la Generalitat, és no posar un qualificatiu al nou govern català, com tots sabem que en la brevíssima legislatura, Mas va qualificar al seu govern “El govern dels millors”, necessitaria dos dies per esmentar la meitat de les coses que han estat d’escàndol, solament diré unes poques.

Tenim com a acte capcer, el desallotjament de la plaça Catalunya, on al nostre judici, es van cometre entre unes altres cusis abusos d’autoritat, agressions fora de lloc per part dels Mossos d’Esquadra, l’incompliment sistemàtic de la llei en negar-se els  agents a identificar-se, cosa notòria d’altra banda, que no ha estat l’excepció, si no la pràctica habitual en les contínues mobilitzacions que s’han anat succeint, o quan en el nadal del 2011, el govern català va deixar sense paga extra en el nadal passat mitjançant un procés de dubtosa legalitat, doncs els sindicats ja estaven preparant accions penals, però si no fos poc el Conseller d’Economia Mes Cole’ls, en roda de premsa a preguntes dels periodistes que banc anava a fer el préstec, el conseller ni curt ni mandrós va dir que aquesta dada no podia facilitar-ho de moment quan ja se sabia fins a les xarxes socials que s’havia arribat un acord amb el Banc de Sabadell, així molts exemples, però com podem observar el “nou” executiu segueix en la seva tònica habitual de desgovern amb un tema tan delicat com és el proveïment de l’aigua en un vast territori, gens més ni gens menys que vuit comarques, entre les quals es troben, el barceloní, valls occidental, oriental, maresme, etc.

Pel que sembla la concessió guanyadora, Acciona, no s’ajusta al plec de condicions, la qual cosa ha fet que l’altra concessionària Agbar (Aigües de Barcelona) presentés un recurs administratiu davant l’Òrgan Administratiu de Recursos Contractuals de la Generalitat de Catalunya, que ha admès a tràmit aquest recurs, el pas següent és que perquè l’ordre executiva d’aquest òrgan no sigui efectiva, la pròpia Generalitat ha de recórrer davant la Sala contenciosa administrativa, que haurà de decidir si la concessió s’ajusta a dret o no, per a això, la Generalitat, si vol respectar el contracte amb Acciona, ha de presentar una mesura cauterlarisima urgent, en el qual permeti fins que es resolgui en sentència ferma si la privatització és conforme amb la legalitat o no, en cas contrari hauria de mantenir aquest acte en suspens doncs no es pot per part de ningú exercitar el dret que segons ells i segons el concurs públic els correspon.

Les conseqüències econòmiques per les malmeses arques de la Generalitat, segons ells, és que hauran de retornar els diners a la concessionària Acciona o en tot caso deixar els diners en un compte judicial per assegurar les possibles indemnitzacions que els pugui correspondre pagar pels danys i perjudicis que aquesta situació implica a les concessionàries, així com les taxes judicials, els interessos i altres despeses, diners que surt dels i les ciutadans i ciutadanes catalans i catalanes.

El fet té al nostre judici és que el govern d’Artur Mas, reitera sempre que pot ser que no hi ha tresoreria i aquest nyap, va a provocar un desemborsament important de diners que finalment acabarem pagant els i les ciutadans i ciutadanes, perquè entre altres coses, sigui el que sigui el resultat això repercutirà en el preu final de l’aigua.

El dolent és que això no queda així, és que les privatitzacions són “pa per avui i gana per a matí”. L’afany *privatizador de la dreta catalana i no diguem l’espanyola va a portar al precipici a les economies respectives i una desprotecció del ciutadà enfront de les empreses que busquen el benefici fàcil a costa d’un servei de qualitat, com va passar en el Regne Unit, quan la Sra. *Thatcher va privatitzar la xarxa ferroviària, la qual cosa va provocar que augmentessin els accidents de trens per falta de manteniment.